Los Ángeles, 27 de marzo de 2026.- Un jurado de la Corte Superior de Los Ángeles declaró responsables a Meta y YouTube de haber perjudicado la salud mental de una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas, ordenando a ambas empresas pagar una indemnización de 3 millones de dólares. El veredicto, emitido el pasado 25 de marzo, concluyó que las compañías actuaron con negligencia al crear mecanismos que generan dependencia en usuarios menores de edad sin advertir sobre los riesgos asociados.
La demandante, identificada como Kaley G.M., de 20 años de edad, argumentó durante el litigio que el uso intensivo de estas redes sociales desde su infancia exacerbó sus problemas psicológicos y le provocó una adicción a la tecnología. Tras nueve días de deliberaciones, el panel determinó que Meta asumirá el 70% de la responsabilidad del daño, mientras que YouTube, propiedad de Google, cubrirá el 30% restante de la compensación económica establecida.
Este fallo representa un punto de inflexión en la regulación del sector tecnológico en Estados Unidos, pues establece por primera vez una vinculación legal directa entre las prácticas de diseño de software y el deterioro de la salud mental en menores. La decisión judicial podría influir en cientos de reclamaciones similares que se encuentran pendientes en diversos tribunales del país, donde familias y distritos escolares buscan exigir cuentas a las grandes corporaciones digitales.
En respuesta al dictamen, un portavoz de Meta indicó que la empresa no está de acuerdo con el veredicto y se encuentra evaluando sus opciones legales, sosteniendo que la salud mental de los adolescentes es un tema complejo que no puede atribuirse a una sola aplicación. Por su parte, representantes de Google expresaron su desacuerdo mediante un comunicado en el que señalaron que el caso malinterpreta la naturaleza de YouTube, describiéndola como una plataforma de streaming construida de manera responsable y no como un sitio de redes sociales tradicional.
El proceso judicial aún no ha concluido definitivamente, ya que está pendiente una segunda fase en la que se determinará si hubo malicia, opresión o fraude por parte de las acusadas, lo cual podría derivar en la imposición de daños punitivos adicionales. Mientras tanto, este precedente marca un cambio significativo en la forma en que la justicia estadounidense aborda la responsabilidad corporativa frente a los impactos sociales de la tecnología.
