Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- Diversas organizaciones civiles, entre ellas la Fundación Konrad Adenauer México, México Evalúa y Juicio Justo, presentaron un informe crítico sobre las elecciones judiciales realizadas en 2025, donde señalaron deficiencias estructurales, vacíos legales y posibles interferencias en el proceso que renovó al Poder Judicial.
El documento titulado ‘Elecciones Judiciales 2025: Balance Crítico’, el cual consta de más de 200 páginas, analiza la primera elección judicial extraordinaria llevada a cabo tras la implementación de la reforma judicial de 2024. En el texto se destaca que la participación ciudadana alcanzó apenas el 13 por ciento del censo electoral, lo que equivale a cerca de 13 millones de personas.
Entre los hallazgos más relevantes del estudio figura el predominio del respaldo gubernamental hacia los funcionarios electos. Según los datos recabados por las organizaciones participantes, todos los jueces electos para la Suprema Corte de Justicia cuentan con respaldo del Gobierno. Asimismo, el 65 por ciento de los magistrados federales y el 42 por ciento de los juzgadores federales electos también fueron apoyados por la administración pública.
Juan Pablo Campos, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer México y coordinador del estudio, encabezó la presentación de los resultados junto con representantes de otras entidades como el Centro para la Investigación de Crímenes Atroces, Diálogo Judicial y Laboratorio Electoral. El informe pone énfasis en la existencia de una supuesta simulación y fallas operativas durante el comicio.
La Fundación Konrad Adenauer, identificada en el contexto del reporte como una entidad de ideario democristiano, participó activamente en la elaboración de este balance junto a otras agrupaciones de la sociedad civil. El análisis busca documentar los impactos de la reforma judicial en la conformación de los órganos impartidores de justicia en el país.
El lanzamiento de este informe ocurre casi un año después de los comicios, en un momento donde diversos actores políticos y sociales han mantenido posturas encontradas respecto a la legitimidad y transparencia del nuevo sistema de elección de jueces y magistrados establecido en 2025.
