Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en esta ciudad giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como contra Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y 14 agentes de la Policía Estatal, por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad cometidos durante un operativo en la comunidad de Arantepacua en abril de 2017.
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán confirmó la emisión de un total de 16 órdenes de aprehensión derivadas de los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en el municipio de Nahuatzen. Según los informes judiciales, el operativo policial dejó como saldo cuatro personas fallecidas, 10 casos de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias; además, siete elementos policiales resultaron heridos durante el enfrentamiento.
Los mandamientos de captura fueron librados tras investigarse la intervención de fuerzas estatales que intentaban levantar un bloqueo carretero y recuperar vehículos retenidos por la comunidad indígena purépecha. Las fuentes indican que en el incidente estuvieron involucrados diversos vehículos de carga, aunque existen variaciones en los reportes sobre la cantidad exacta de unidades presentes en el lugar al momento de los hechos.
Silvano Aureoles Conejo ya se encuentra bajo otra orden de aprehensión desde 2023 por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero, relacionados con un presunto desfalco millonario en la construcción de estaciones de policía durante su mandato. Por dicho caso anterior, el exmandatario es considerado prófugo de la justicia.
Con las nuevas órdenes emitidas este viernes, la fiscalía estatal suma esfuerzos para localizar y presentar ante la justicia al exgobernador y a sus colaboradores señalados de cometer violaciones graves a los derechos humanos hace nueve años. Los delitos imputados en este nuevo proceso contemplan prisión preventiva de oficio, lo que impediría a los acusados enfrentar el proceso penal en libertad de ser detenidos.
