Trenton, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General anunció la emisión de órdenes de captura contra siete cabecillas de la disidencia armada conocida como Segunda Marquetalia, vinculados directamente con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. La medida judicial se acompaña de una estrategia de recompensas económicas que ascienden a miles de millones de pesos para quienes proporcionen información que lleve a la localización de los implicados.
Entre los principales objetivos de la justicia se encuentra alias Iván Márquez, líder de la organización, por quien se ofrece una recompensa de cinco mil millones de pesos. De igual forma, se han establecido estímulos económicos de cuatro mil millones de pesos cada uno para la captura de otros dos señalados identificados como John 40 y Zarco Aldinever. Las autoridades buscan dar con el paradero de estos siete comandantes considerados responsables del magnicidio.
Luz Adriana Camargo, titular de la Fiscalía General, encabezó el anuncio de las medidas judiciales en conjunto con Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La intervención de ambas instancias subraya la gravedad del caso, donde el proceso judicial también examina posibles responsabilidades administrativas y preventivas al interior de la entidad encargada de la seguridad de los funcionarios públicos.
La investigación apunta a que la estructura criminal de la Segunda Marquetalia ejecutó el ataque contra el legislador. Aunque la información disponible confirma la vinculación de alias Iván Márquez, John 40 y Zarco Aldinever con las órdenes de captura, los detalles operativos específicos sobre la fecha exacta y el lugar preciso donde ocurrió el atentado contra el senador Uribe Turbay no han sido desglosados en este anuncio inicial desde Trenton.
Con la fijación de estas recompensas, las autoridades intentan acelerar el desmantelamiento de la red responsable y garantizar la comparecencia de los acusados ante la justicia. La oferta económica representa uno de los montos más altos ofrecidos recientemente por la captura de miembros de grupos armados ilegales en la región, reflejando la prioridad que el caso ha adquirido para la Fiscalía General y la UNP.
