Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’ en el Senado de la República ha entrado en un periodo de estancamiento, tras postergarse la dictaminación que inicialmente estaba prevista para este martes 24 de marzo. La demora responde a la falta de acuerdos internos, específicamente por el rechazo del Partido del Trabajo (PT) a un punto clave de la iniciativa: establecer la revocación de mandato presidencial para junio de 2027, coincidiendo con las elecciones legislativas, lo que según los laboristas beneficiaría electoralmente a Morena.
La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo, busca reformar cuatro artículos constitucionales en materia electoral y de austeridad republicana. Entre sus propuestas destaca la reducción del número de regidores y síndicos municipales, así como la imposición de un tope presupuestal del 0.7% para los congresos locales. Sin embargo, el avance legislativo se ha frenado ante las contradicciones sobre la viabilidad política del proyecto. Mientras el senador Óscar Cantón Zetina afirmó que la coalición gobernante cuenta con los votos necesarios en las comisiones, Ricardo Monreal señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es consciente de que podría no alcanzar la mayoría requerida en el Congreso.
La confusión sobre el calendario legislativo fue evidente cuando Ignacio Mier Velazco anunció originalmente que el dictamen estaría listo para la sesión del martes, pero fuentes parlamentarias confirmaron posteriormente que la discusión se ha movido para después de la Semana Santa. Este cambio refleja la complejidad de las negociaciones con el PT, cuyo líder, Alberto Anaya, mantiene su postura contraria a la fecha propuesta para la consulta de revocación de mandato, un mecanismo que el gobierno federal impulsa como parte de su estrategia de participación ciudadana.
En medio del debate político, siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) —Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala— emitieron un posicionamiento para desmentir versiones que atribuían al organismo la autoría o respaldo de un documento específico sobre el Plan B. Esta aclaración surge en un contexto donde la oposición integrada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) ha solicitado formalmente retirar la iniciativa, argumentando preocupaciones sobre el impacto institucional de las modificaciones propuestas.
El escenario en el Senado permanece incierto mientras se intentan cerrar las brechas entre los aliados del gobierno. La ausencia de un número concreto de votos asegurados en el pleno y la falta de una redacción final consensuada del dictamen mantienen la reforma en un limbo legislativo. Las próximas semanas serán determinantes para definir si la administración de Claudia Sheinbaum logra convencer al PT de modificar su postura o si decide avanzar con una votación que podría no garantizar la mayoría calificada necesaria para alterar la Constitución.
