Veracruz, 24 de marzo de 2026.- Existe una discrepancia entre las cifras oficiales y las denuncias de organizaciones civiles respecto al derrame de hidrocarburos que afecta la costa de Veracruz, particularmente en el Corredor Arrecifal del Suroeste. Mientras la Secretaría de Marina (SEMAR) y Petróleos Mexicanos (Pemex) reportan un avance del 85% en las labores de limpieza y niegan la presencia actual de manchas en patrullajes aéreos, Greenpeace México asegura que el derrame sigue activo y ha impactado 630 kilómetros de línea de costa, con 26 sitios sin atención oficial.
De acuerdo con los datos duros de la investigación, la SEMAR recolectó 30 kilogramos de material contaminante en la playa Mata de Uva y otros 300 kilogramos en la zona de El Faro, en el municipio de Alvarado. Por su parte, Pemex mantiene su reporte de que las labores de remediación tienen un progreso significativo, aunque no se ha especificado el volumen total de hidrocarburo derramado ni la identidad concreta de la empresa o barco responsable del evento.
La controversia se centra en la magnitud del daño y la eficacia de la respuesta. Greenpeace México contradice la versión gubernamental al afirmar que la limpieza es insuficiente y que persisten focos de contaminación. En contraste, las autoridades federales, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han descartado que Pemex sea el origen del derrame, a pesar de que coberturas periodísticas y denuncias locales vinculan el evento a la industria petrolera en la zona.
Las comunidades pesqueras e indígenas de Pajapan, Tatahuicapan, Mecayapan y Alvarado han expresado su preocupación por los daños económicos y la falta de información clara. Martina Beltrán, vecina de Tatahuicapan, y Esteban Hernández Hernández, representante de Arrecifes de Mecayapan, figuran como voces de los afectados que demandan respuestas sobre el impacto en sus medios de vida y en el ecosistema local.
El evento ocurre en el Corredor Arrecifal del Suroeste, un Área Natural Protegida que abarca más de 1.1 millones de hectáreas distribuidas en los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche. Hasta el momento, no se cuenta con un informe unificado sobre el avance real de la limpieza en todos los sitios afectados, ni con una evaluación oficial detallada del impacto ambiental en los arrecifes, tampoco se han hecho públicos los resultados de los análisis de laboratorio del material recolectado por la marina.
Ante la incertidumbre sobre la fecha exacta de inicio del derrame, que varía entre reportes del 2 y 4 de marzo, las autoridades han señalado que el incidente no afectará el periodo vacacional de Semana Santa. Sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Fiscalía General de la República (FGR) mantienen la investigación abierta para determinar las responsabilidades y el alcance final del desastre ecológico.
