Por Redacción
Washington, 23 de marzo de 2026.- El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en al menos 13 aeropuertos principales de Estados Unidos, una medida emergente para mitigar el colapso operativo en los puntos de seguridad causado por el cierre parcial del gobierno federal. La decisión responde directamente a la crisis de absentismo que enfrenta la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), cuyos empleados llevan más de un mes trabajando sin salario debido al bloqueo presupuestario en el Congreso que afecta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde el 14 de febrero.
Tom Homan, asesor presidencial en materia migratoria conocido como el “zar de la frontera”, confirmó la movilización de personal de ICE para asumir tareas de supervisión y apoyo en las filas de seguridad. Aunque existen discrepancias en los reportes sobre si la operación cubre 13 o 14 terminales aéreas, se ha verificado la presencia de estos agentes en nodos críticos como Atlanta (ATL), Chicago (ORD) y el complejo aeroportuario de Nueva York, que incluye JFK, LaGuardia y Newark.
La urgencia de la medida se deriva de cifras alarmantes reportadas en las últimas semanas. Más de 300 agentes de la TSA han abandonado sus puestos definitivamente, mientras que el 15 de marzo se registró que el 10% de la plantilla no se presentó a laborar. La situación es más severa en la costa este, donde las tasas de ausencia alcanzaron el 28.2% en JFK, el 25.84% en LaGuardia y el 13.83% en Newark, provocando retrasos masivos y cancelaciones de vuelos que han saturado la capacidad operativa de las aerolíneas.
Aproximadamente 50,000 agentes de la TSA continúan prestando servicios sin recibir su paga, lo que ha generado una ola de licencias por enfermedad y renuncias que pone en riesgo la seguridad nacional y la fluidez del transporte aéreo. El despliegue de oficiales de inmigración representa un cambio significativo en el uso de recursos federales, desviando a una agencia enfocada en el control migratorio hacia funciones de seguridad doméstica en aeropuertos, una táctica que el ejecutivo defiende como necesaria ante la parálisis legislativa.
La maniobra ha despertado críticas inmediatas entre legisladores demócratas y sectores opositores, quienes argumentan que esta acción distorsiona la función primordial del ICE y podría generar tensiones adicionales en los controles de acceso. Hasta el momento, no se han detallado los protocolos específicos de coordinación entre el DHS, la TSA y los nuevos efectivos desplegados, ni se ha establecido un cronograma claro sobre la duración de este operativo mientras persiste el impasse presupuestario en Washington.
Este desarrollo marca un nuevo capítulo en el cierre gubernamental que ya ha impactado múltiples dependencias federales. Mientras los líderes políticos negocian en el Capitolio, la aviación comercial estadounidense opera bajo esquemas de emergencia, dependiendo de la intervención de fuerzas de tarea no convencionales para mantener abiertos los corredores aéreos más transitados del país.
