Ciudad De México, 10 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la existencia de una ficha roja de Interpol contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. “Entiendo que sí había ficha roja… significa que participa Migración, Interpol para que en cualquier lugar del mundo donde esté pueda ser detenido”, declaró la mandataria.
Sheinbaum señaló que Aureoles cuenta con una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) que sigue abierta para su detención. “Los detalles ya los puede dar el Gabinete de Seguridad, pero lo que conocemos es lo que se informó el día de ayer”, agregó.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró que el exgobernador escapó de México con ayuda del crimen organizado. “La primera vez que escapó de la primera orden de aprehensión federal por un fraude de 3,600 millones de pesos en los cuarteles de la Policía Michoacán, escapó con ayuda de la delincuencia organizada”, afirmó Ramírez Bedolla.
El mandatario estatal indicó que Aureoles enfrenta dos órdenes de aprehensión vigentes. “Esta última orden de aprehensión la giró un Juez Penal de Michoacán. Entonces tenemos una orden de aprehensión federal y una orden de aprehensión local que hay que cumplimentar”, declaró.
El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que Silvano Aureoles habría escapado del país con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Dentro de las investigaciones que se tuvieron del 1 y 2 de marzo de 2025, quienes lo ayudan a salir del estado de Jalisco fueron miembros de este grupo delincuencial del cártel Jalisco, y son quienes le ayudan a trasladarse al norte de México y muy probable fuera del país”, afirmó Torres Piña.
A nivel estatal, la justicia de Michoacán acusa al exgobernador de homicidio, abuso de autoridad y tortura por un caso de hace nueve años. Se le investiga por su presunta responsabilidad en la masacre del 5 de abril de 2017 en Arantepacua, municipio de Nahuatzen, con el arresto arbitrario de 38 personas y la muerte de cuatro.
A nivel federal, la FGR le acusa de un presunto desvío de 5.186 millones de pesos relacionado con la simulación de un arrendamiento para la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal durante su mandato. El exmandatario perredista cuenta con dos órdenes de aprehensión: una instruida por un juez federal por el delito de fraude, y otra en el fuero común por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.
