Los Cabos, 24 de marzo de 2026.- Familiares de Juan Luis Chico Torres, de 29 años de edad, junto con integrantes del colectivo Búsqueda X La Paz, bloquearon la tarde del 23 de marzo el acceso al aeropuerto internacional de Los Cabos para exigir acciones concretas ante la desaparición del joven y el reciente hallazgo de cuatro fosas clandestinas en la región. La protesta se realizó un día después de que fueran descubertos los enterramientos en La Paz, hecho que ha reavivado la demanda de justicia por parte de las víctimas de violencia en Baja California Sur.
La movilización contó con la participación de amigos y familiares de Chico Torres, así como de madres buscadoras que han trabajado de manera independiente en la localización de restos humanos. Durante la acción, los manifestantes demandaron a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de BCS, a la Fiscalía de desaparecidos y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) avances tangibles en la investigación, tanto sobre el paradero del joven como sobre la identificación de los cuerpos encontrados en las nuevas fosas.
El contexto de esta protesta se vincula directamente con el trabajo histórico del colectivo Búsqueda x La Paz, el cual ha localizado más de 120 osamentas en la entidad, concentradas principalmente en la carretera que conecta La Paz con San Juan de la Costa. Esta zona ha sido descrita en reportes previos como un área crítica por la presencia de restos asociados a actividades delictivas, lo que incrementa la presión social para que las instituciones oficiales asuman la responsabilidad de las pericias y la búsqueda activa.
Las denuncias presentadas por los agrupados en el bloqueo se centran en la falta de resultados claros por parte de las autoridades competentes respecto al caso de Juan Luis Chico y la gestión de los hallazgos forenses. Los participantes señalaron que la inacción gubernamental obliga a la sociedad civil a tomar medidas de presión para visibilizar los casos, dado que no se han presentado avances concretos en la determinación de la situación legal de los desaparecidos ni en la entrega de restos a las familias.
La situación en Baja California Sur refleja una crisis persistente en materia de desapariciones, donde los colectivos ciudadanos han tenido que suplir las carencias operativas del estado. Mientras la PGJE y la Comisión de Búsqueda no han emitido comunicados oficiales que confirmen vínculos específicos entre las nuevas fosas y grupos criminales o que detallen el estatus de las pericias, la tensión social se mantiene latente en Los Cabos y La Paz, con la expectativa de que el gobierno estatal responda a las exigencias de verdad y justicia planteadas por los afectados.
