Por Redacción
Torreón, 22 de marzo de 2026.- La región de La Laguna vive una jornada marcada por la dualidad entre el anuncio de proyectos de inversión y obras públicas, y la persistencia de conflictos sociales y financieros. Mientras el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, y la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, promueven la reactivación económica con nuevos contratos y rehabilitación de infraestructura, organizaciones sociales mantienen protestas por detenciones realizadas en el poblado de Dinamita y se reportan adeudos millonarios en los organismos de agua.
En el ámbito de la infraestructura, se confirmó la inversión final para el desnivel de la calle 5 de Mayo en Torreón, la cual asciende a 115 millones 161 mil 989.28 pesos. Paralelamente, las autoridades municipales anunciaron la llegada de entre 10 y 12 nuevos proyectos de inversión para la ciudad, aunque no se detallaron los montos específicos de cada uno. En Gómez Palacio, la administración local trabaja en la consolidación de un contrato de servicios de limpieza con una duración proyectada de 25 años.
El sector de servicios públicos enfrenta presiones financieras significativas. El Simas de Torreón registra adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por alrededor de 300 millones de pesos. Para mitigar problemas de saneamiento, se ha iniciado un programa de rehabilitación de colectores sanitarios con una inversión superior a los 335 millones de pesos, buscando mejorar la operatividad del sistema ante el crecimiento urbano.
En materia de seguridad, la agenda regional incluye incidentes que mantienen alerta a la población. Se reportó un incendio en un yonke ubicado en Lerdo, sin que hasta el momento se haya identificado con precisión a la persona detenida en relación con el evento. Asimismo, en Ramos Arizpe se registró otro incendio cuyas causas exactas siguen bajo investigación por parte de las autoridades competentes.
La tensión social se concentra en el poblado de Dinamita, donde un operativo de seguridad derivó en múltiples detenciones. Mientras versiones oficiales no han confirmado la cifra exacta, familiares de los detenidos estiman que son alrededor de 30 las personas privadas de libertad. Esta discrepancia ha motivado la intervención del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, que ha elevado protestas exigiendo claridad sobre los hechos y el paradero de los involucrados.
La titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, Ana Rosa Hernández Rentería, se encuentra involucrada en la gestión de estos eventos de seguridad, aunque no se han emitido declaraciones detalladas sobre la estrategia a seguir frente a las protestas sociales. La situación refleja un escenario complejo donde la modernización de servicios y la atracción de capitales conviven con desafíos estructurales en seguridad y justicia social.
La actividad en la comarca lagunerana continúa este domingo con la evaluación de los canales de riego y la supervisión de las obras públicas iniciadas. Las autoridades locales buscan equilibrar la narrativa de progreso económico con la resolución de los pasivos financieros y la atención a las demandas de la sociedad civil, en un contexto donde la verificación de datos sobre los operativos de seguridad sigue siendo un punto crítico para la tranquilidad regional.
