Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece un límite a las pensiones del personal de confianza en el sector público, la cual fija un tope máximo equivalente a la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, aproximadamente 70,000 pesos mensuales. La modificación al artículo 127 de la Constitución fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ya cuenta también con la aprobación del Senado.
En la votación registrada en San Lázaro, la reforma obtuvo 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones en lo general. Posteriormente, en el Senado de la República, la minuta recibió 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. Con estas aprobaciones, la iniciativa fue turnada a los congresos estatales para su ratificación, al tratarse de un cambio constitucional.
Pedro Haces Barba, diputado morenista, defendió la reforma como una corrección de privilegios acumulados en el sistema de pensiones públicas. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, anunció que su partido votaría a favor de la reforma pese a expresar inconformidad y críticas por omisiones percibidas y el riesgo de que la medida tenga efectos retroactivos.
Victoria Bentley, lideresa de la organización Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, ha manifestado preocupación respecto a la reforma. Bentley argumentó que las personas con derecho a pensión las obtuvieron tras años de trabajo y esfuerzo, y señaló que dicha prestación no debería ser limitada bajo el argumento de que se trata de una clase privilegiada, cuando en realidad son trabajadores que aportaron toda su vida laboral.
Las protestas de jubilados y pensionados se han registrado tanto en los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México como en Baja California, donde se concentraron en el Congreso local. Los manifestantes exigen que la eliminación de las llamadas pensiones doradas no se aplique de forma retroactiva, respetando así el artículo 14 constitucional y los derechos adquiridos durante su trayectoria laboral.
La reforma establece que el nuevo tope aplicará al personal de confianza en diversos entes públicos, aunque persisten dudas entre los afectados sobre la lista completa de instituciones y organismos que quedarán sujetos a esta limitación. También existen cuestionamientos sobre los detalles específicos de implementación y si habrá excepciones adicionales más allá de las ya mencionadas para las Fuerzas Armadas y las aportaciones voluntarias.
El centro de la controversia radica en la claridad sobre si la reforma aplicará retroactivamente a pensiones ya otorgadas o únicamente a nuevas jubilaciones. Este punto continúa siendo objeto de debate entre legisladores oficialistas, que defienden la medida como necesaria, y sectores opositores que advierten sobre posibles afectaciones a derechos consolidados de trabajadores que se retiraron bajo las reglas vigentes en su momento.
