Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, propietarios de la armería ‘Grips by Larry’ en Arizona, por conspirar para brindar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras, específicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa. La imputación, dada a conocer esta semana, señala que los acusados vendieron armas de fuego en mayo de 2025 con el conocimiento de que serían traficadas ilegalmente hacia México para fortalecer los arsenales de dichos grupos delictivos.
De acuerdo con la acusación modificada presentada ante un gran jurado federal en Phoenix el pasado 17 de marzo, Gray enfrenta cargos adicionales de terrorismo que se suman a las imputaciones originales por tráfico de armas, complicidad en compras mediante testaferros y presentación de declaraciones falsas. El documento legal detalla que el acusado intentó proporcionar armamento al CJNG y conspiró para abastecer tanto a esta organización como al Cártel de Sinaloa durante ese periodo, aprovechando la ubicación de su negocio a menos de 15 minutos de la frontera con Naco, Sonora.
La base legal para estos nuevos cargos radica en la designación del CJNG y del Cártel de Sinaloa como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, realizada el 20 de febrero de 2025. Esta clasificación permite a las autoridades federales perseguir penalmente a quienes brinden apoyo material a estos grupos, elevando la gravedad de los delitos de tráfico de armas convencionales a delitos relacionados con la seguridad nacional y el terrorismo internacional.
Gray compareció recientemente ante un tribunal federal para la lectura de los cargos, donde se le notificó que, de ser condenado por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares. Los delitos asociados al tráfico de armas y la complicidad en compras fraudulentas conllevan penas adicionales de hasta 15 y 10 años de cárcel, respectivamente, más sanciones económicas similares por cada cargo.
Este caso representa una de las primeras aplicaciones criminales de la figura de apoyo material al terrorismo contra un comerciante de armas por vincularse directamente con cárteles mexicanos bajo la nueva designación oficial. Aunque la armería ‘Grips by Larry’ no formó parte de la demanda civil interpuesta por el gobierno mexicano en 2022 contra otras cinco tiendas en Arizona, las autoridades estadounidenses han reforzado sus acciones legales tras determinar que el flujo de armamento desde este estado continúa siendo un insumo crítico para la violencia en territorio mexicano.
