Por Redacción
Ciudad de Mexico, 04 de agosto de 2026.- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, respondió desde la mañanera de este martes a las críticas vertidas por los periodistas Adela Micha, Manuel López San Martín y Luis Cárdenas en torno al derecho de las audiencias. Alcalde señaló que el Estado no busca en ningún momento censurar o sancionar los contenidos de los medios de comunicación.
Durante su intervención, la funcionaria reiteró que corresponde a los propios medios de comunicación la obligación de emitir códigos de ética donde establezcan cómo garantizarán que la información sea verificada y no se trate de noticias falsas. Asimismo, enfatizó que los lineamientos indican que es responsabilidad del mismo medio verificar la veracidad de la información que comparten.
Alcalde calificó como “una narrativa muy alejada de la realidad” las acusaciones de que el gobierno pretende callar voces o limitar opiniones. “Los lineamientos no hablan en ningún caso de que se sancionen contenidos, que el Estado sea quien determine qué es verdad, qué no es verdad. No es el caso”, afirmó la consejera jurídica.
Previamente, el periodista Manuel López San Martín aseguró que “el estado se otorga la potestad de determinar qué es verdad y qué no”. Tras la respuesta de Alcalde, López San Martín reiteró su crítica y señaló que “el gobierno busca censurar…no les gusta que se les investigue, se les cuestione y se les exhiba”.
Por su parte, Luis Cárdenas comentó que “si digo algo y no gusta el fraseo, el gobierno te va a censurar”, afirmación que fue rechazada por la consejera jurídica de la Presidencia. En cuanto a Adela Micha, esta calificó como “ridícula” la regulación por el derecho de las audiencias.
Micha ilustró su postura con la siguiente pregunta: “¿Te imaginas poner cortinillas cada 10 segundos para distinguir una opinión de info? Así de ridícula es la nueva regulación”. Frente a estos señalamientos, Alcalde sostuvo que inició una campaña pretendiendo establecer una falsa narrativa sobre la censura y la determinación estatal de la verdad.
