Por Redacción
Mexicali, 26 de julio de 2026.- La captura de cuatro menores de edad involucrados en un secuestro y tres implicados en un asesinato ha evocado el abandono institucional que sufren los menores, mientras el oficialismo pide el endurecimiento de las penas, según reporta Eduardo Villa para Zeta Tijuana.
En poco más de una semana, ocho menores fueron detenidos vinculados a crímenes atroces. Dos de ellos tenían 13 y 14 años de edad. Tres fueron señalados como autores del asesinato de Flaviano López Martínez, conductor de InDrive de 50 años, a quien habrían matado de un balazo, trasladado a un terreno despoblado e incendiado su cuerpo tras videograbarlo, exhibirlo y ridiculizarlo. Los otros cinco fueron capturados en Playas de Tijuana por privación de la libertad.
Ante estos hechos, la única respuesta del sector político ha sido la del diputado Juan Manuel Molina, quien propone endurecer las penas contra menores infractores. Esta postura centra el debate en establecer como únicos responsables a los adolescentes, sin analizar las condiciones materiales de la población, la precarización en la que viven, su susceptibilidad a la delincuencia organizada, ni la deshumanización y falta de atención temprana de salud mental.
El contexto de este abandono institucional remite a septiembre de 2022, cuando funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acompañados de la Fiscalía General del Estado (FGE), cerraron la casa hogar ‘A Way Out’ en la colonia Robledo de Mexicali. El inmueble, obtenido mediante comodato, era dirigido por la activista Gabriela Ortiz y atendía a niños y adolescentes que ninguna otra institución recibía, incluyendo jóvenes con historial criminal, consumo de enervantes o vínculos con la delincuencia organizada.
El albergue cerró sus puertas debido a la detección de supuestos abusos que nunca fueron confirmados; las acusaciones emitidas por el DIF y la FGE no pudieron sostenerse y cada señalamiento fue desacreditado. Entre las denuncias figuraba que los menores eran obligados a hacer sus necesidades en baldes, cuando la realidad era que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) dejó sin agua el lugar por varios días, obligando a usar alternativas ante la necesidad y la sobrepoblación.
Gabriela Ortiz denunció durante años abusos e intentos de corrupción de funcionarios, principalmente durante la época del PAN, quienes condicionaban apoyos a cambio de devolver una parte en efectivo. Al no prestarse a ello, la activista fue castigada varias veces.