Ciudad De México, 13 de julio de 2026.- La estrategia gubernamental mexicana respecto al caso del secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada se está centrando únicamente en el operativo y en determinar quién lo ordenó. Las autoridades se encuentran enredadas en la definición del delito de secuestro, la posible violación de la Ley de Seguridad Nacional y el escenario de solicitar el regreso del capo para liberarlo debido a la falta de una orden de aprehensión en su contra.
El punto delicado para el gobierno será llegar a la exigencia de que “nos regresen” al capo, situación que obligaría a liberarlo por la ausencia de cargos formales. Por otro lado, se indica que Zambada ya negoció con Estados Unidos un intercambio de información a cambio de una prisión con alto grado de atención médica para enfermos casi terminales.
En estos días, como acto de venganza, el detenido ya “despepitó” la estructura del narcotráfico y la política en Sinaloa, con derivaciones que afectan la política nacional y los altísimos dirigentes de la 4T. Hoy ya se conoce información sobre la narcopolítica en dicha entidad, involucrando a varios narcotraficantes que México entregó en tiempos recientes.
Circula la idea de que la justicia estadounidense podría retorcer sus reglas e intercambiar a ‘El Mayo’, quien ya ha confesado, por Rubén Rocha Moya. Ante este panorama, no existen indicios de que la 4T cuente actualmente con un mecanismo de filtros para evitar que candidaturas federales y estatales beneficien a los cárteles del narcotráfico.
Las plazas de Guerrero, Michoacán y Sinaloa serán consideradas la prueba de fuego para verificar si la lucha contra la narcopolítica es real dentro de Morena.
