Ottawa, 10 de junio de 2026.- El gobierno canadiense presentará un proyecto de ley para prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. La iniciativa, denominada Ley de Seguridad Digital, surge en un contexto donde el ministro de Identidad y Cultura Canadiense, Marc Miller, ha declarado que la medida es una “prioridad”.
Al justificar la propuesta, Miller afirmó: “Es obvio por qué es una prioridad. Los chicos están muriendo”. La legislación pretende abordar los riesgos asociados no solo a las redes sociales, sino también a los chatbots de inteligencia artificial.
El proyecto de ley contempla la creación de un nuevo regulador federal encargado de establecer estándares de seguridad para las plataformas digitales. Bajo estas normas, las plataformas que cumplan los estándares podrían solicitar excepciones para admitir usuarios menores de 16 años. Además, la iniciativa obligaría a las empresas tecnológicas a ser más transparentes sobre los criterios para alertar a las autoridades sobre usuarios con intenciones de autolesionarse o dañar a otros.
La presentación de esta ley ocurre en parte tras la matanza ocurrida en febrero en Tumbler Ridge, Columbia Británica, donde el atacante utilizó ChatGPT; según los antecedentes, las conversaciones fueron señaladas internamente por la empresa pero no comunicadas a la Policía.
Frente a las críticas sobre posibles limitaciones a la libertad de expresión, el ministro de Justicia, Sean Fraser, rechazó dichos argumentos. Por su parte, una encuesta del Instituto Angus Reid publicada en marzo reveló que el 75% de los canadienses apoya una prohibición total de las redes sociales para menores de 16 años, mientras que el 87% respalda vetar determinadas plataformas para este grupo de edad.
El mismo sondeo indicó que el 94% de los encuestados expresó preocupación por los efectos de las redes sociales en la salud mental de los menores, así como por los riesgos de adicción. Si es aprobada, Canadá se sumaría a países como Australia, que implantó una prohibición similar en diciembre de 2025, mientras que naciones como España, Francia, Dinamarca, Noruega, Polonia, Eslovenia, Turquía y el Reino Unido estudian o han anunciado medidas similares.
