Ciudad De México, 08 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos negara que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, cuenten con un ‘parole’ o permiso especial de entrada a ese país. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró el pasado 5 de junio que ambas naciones han logrado avances significativos en la lucha contra el fentanilo y las organizaciones criminales.
Sheinbaum informó que Radio Sonora solicitó oficialmente al DHS información sobre si la dependencia otorgó un ‘Significant Public Benefit Parole’ a los mandatarios estatales. En respuesta, el departamento señaló que “Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no reciben el beneficio de tal permiso”. Al respecto, la mandataria mexicana declaró: “Qué bueno que salió esta información que dice que una de las instituciones del gobierno de Estados Unidos dice que no existe tal permiso para estos dos gobernadores”.
La presidenta advirtió que las críticas contra su gobierno continuarán y consideró que estos hechos son utilizados por sectores de la ultraderecha de Estados Unidos y México con fines electorales, tanto para la elección estadounidense de noviembre próximo como para afectar al gobierno mexicano de cara a los comicios de 2027. “Estas noticias falsas o estos intentos porque no haya una buena relación por parte de la ultraderecha de Estados Unidos que se junta con la ultraderecha de México… Yo creo que esto va a seguir y hay que estar muy atentos”, afirmó Sheinbaum, añadiendo que “en México la situación es muy distinta a la de otros países. Aquí el gobierno tiene mucha fuerza con la gente”.
En medio de estas tensiones, el embajador Ronald Johnson difundió un pronunciamiento a través de sus redes sociales desde Washington, donde participó en un acto encabezado por Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca. Johnson stated: “Nuestros países han logrado avances importantes en la lucha contra el fentanilo y los cárteles, y su trabajo ha sido fundamental para alcanzar esos resultados. Continuaremos nuestra estrecha colaboración para proteger la salud y la seguridad de nuestras naciones, al tiempo que garantizamos que los responsables rindan cuentas”.
El contexto de la relación bilateral incluye la solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU. para la detención con fines de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Anteriormente, Sheinbaum acusó a una oficina del Departamento de Estado de intentar intervenir en asuntos internos bajo el argumento del combate al narcotráfico, petición a la que Johnson respondió exhortando a evitar que la cooperación en seguridad se utilice con fines políticos y pidiendo respeto a los asuntos internos de México.
Derivado de la situación, Sheinbaum informó que un encuentro previsto con la directora antidrogas de la Casa Blanca, Sara Carter, sería pospuesto por motivos de agenda. La crisis actual en las relaciones entre ambos países en materia de narcotráfico remite a los años 1984-1986, época marcada por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y la revelación de protecciones gubernamentales a traficantes, incluyendo el caso de los capos Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca ‘Don Neto’ y Rafael Caro Quintero.
