Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado las acusaciones contra migrantes por traspasar zonas militares en la frontera con México, territorios que la administración ha designado recientemente como ‘áreas de defensa nacional’. Bajo este esquema, las tropas tienen autoridad para detener a personas y acusarlas de violar leyes federales, incluyendo una normativa de 1909 contra espías.
Desde abril de 2025, aproximadamente 4,700 migrantes han sido acusados de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y de penetrar en estas zonas militares, las cuales se han extendido en Arizona, California y Texas. Sin embargo, alrededor del 60% de estos cargos son retirados posteriormente. Los casos suelen caerse cuando los jueces determinan que ingresar a un área militar no hace culpables a los migrantes si no sabían que se trataba de una zona restringida.
Las dificultades para identificar estos perímetros son frecuentes: las zonas no están cercadas y la única indicación son postes con signos de advertencia poco visibles. Migrantes detenidos a menudo no saben leer, no hablan español o inglés y no logran distinguir los letreros. En un recorrido con el sheriff del condado de Doña Ana en Nuevo México, oficiales comentaron que no han recibido información específica sobre cuáles son los límites de la zona militar. Asimismo, al solicitarse la ubicación exacta del ‘área de defensa nacional’, tanto soldados en el lugar como el Departamento de Guerra evitaron responder.
Mientras los fiscales argumentan que el ingreso ilegal es suficiente para probar la intención criminal, el Departamento de Justicia ha asegurado que estas acusaciones han frenado los cruces fronterizos y la actividad de los cárteles. Paralelamente, una jueza federal ordenó a la administración Trump restituir el estatus legal de cientos de miles de migrantes que ingresaron mediante la aplicación CBP One, tras la cancelación de permisos que afectó a más de 900 mil personas.
En materia de derechos humanos, el gobierno de México anunció su participación como ‘amicus curiae’ en una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por las condiciones de detención. Este anuncio ocurre tras el fallecimiento de José Guadalupe Ramos Solano, originario de Silao, Guanajuato, quien murió bajo custodia del ICE en Adelanto, California. Con este caso, suman 14 mexicanos muertos durante el segundo mandato de Trump, entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026.
Entre 2025 y el primer trimestre de 2026, han muerto 47 personas en detenciones o bajo custodia del ICE en Estados Unidos, de las cuales tres de cada diez son mexicanas. Desde la creación del ICE en 2003, el saldo asciende a 63 mexicanos fallecidos por detenciones o bajo la custodia de esta agencia.
