Los Ángeles, 31 de marzo de 2026.- El Gobierno de México activó una estrategia legal y diplomática para exigir explicaciones a Estados Unidos sobre las condiciones en los centros de detención migratoria gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), luego de confirmarse la muerte de un connacional el pasado 25 de marzo. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, se registran 14 fallecimientos de mexicanos bajo custodia de esta agencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración agotará todas las vías legales y diplomáticas para exhibir lo que calificó como una crisis de derechos humanos. Como parte de esta ofensiva, México se sumará como amicus curiae en la demanda colectiva L.T. Mesrobian, presentada por la organización Public Counsel en Los Ángeles contra el centro de detención de Adelanto, California. La cancillería explicó que esta figura jurídica permitirá intervenir en el caso para aportar argumentos sobre condiciones que considera violatorias, incluyendo atención médica deficiente y aislamiento punitivo.
Además de la acción judicial en territorio estadounidense, el Ejecutivo federal decidió llevar la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Se presentará una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención, de la demanda, vamos a dar todos los datos”, declaró Sheinbaum. Será la primera vez que el país presenta un caso de esta naturaleza ante el organismo internacional para visibilizar presuntas violaciones relacionadas con la falta de atención médica.
En el centro de Adelanto, operado por la empresa privada GEO Group pero bajo responsabilidad jurídica del ICE, se han registrado al menos tres fallecimientos recientes, incluido el de José Ramos-Solano, quien fue hallado inconsciente y declarado muerto posteriormente en un hospital. Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular, calificó la tendencia de muertes como “inaceptable” para la protección de los mexicanos en el exterior. Aunque algunas fuentes indican complicaciones médicas, la causa legal de los decesos no se ha establecido oficialmente.
La estrategia diplomática incluye el envío de cartas de protesta a legisladores federales de Estados Unidos, así como contactos con el fiscal de California, Rob Bonta, y el gobernador Gavin Newsom. Este martes, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, abordará el tema con el embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson. Asimismo, funcionarios mexicanos sostendrán reuniones en Los Ángeles con familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos para detonar apoyo comunitario.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos rechazó las acusaciones, afirmando que los estándares de atención son adecuados y que se brindó asistencia médica a los detenidos. Por otro lado, reportes indican que el sistema de detención está bajo presión con cerca de 70 mil reclusos a principios de 2026. En un fallo separado relacionado con el centro Alligator Alcatraz en Florida, una jueza federal ordenó garantizar el acceso a abogados para los detenidos, certificando que las restricciones previas limitaban el derecho a la defensa.
