Ciudad De México, 30 de marzo de 2026.- Familias y organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas exigieron al Gobierno federal transparentar la metodología empleada para la depuración de cifras en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO). El 28 de marzo de 2026, el Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas-RIAPD emitieron un comunicado conjunto manifestando su preocupación ante una actualización del RNPDNO.
El reclamo surge después de que, el 27 de marzo de 2026, funcionarios del Gobierno federal presentaran en Palacio Nacional las cifras oficiales, estableciendo un total de 130 mil 178 registros para el periodo de 2026 a la fecha. De esta cifra total, se detalló que 46 mil 742 corresponden a expedientes con datos insuficientes para iniciar investigaciones; 40 mil 308 son casos con actividad posterior a la desaparición; y 43 mil 128 no presentan actividad, de los cuales 3 mil 869 están relacionados con carpetas de investigación.
Ayer, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, indicó que sólo en 3 mil 869 casos se cuenta con carpeta de investigación abierta. Los colectivos reclamaron que en esa presentación no se detalló la metodología que sustenta la clasificación de los datos. Organizaciones civiles reprocharon que para la revisión de los datos del Registro Nacional que presentó el gobierno federal no se les tomara en cuenta ni se transparentara la metodología.
En su comunicado, las organizaciones señalaron: “El uso de criterios meramente burocráticos para dimensionar la crisis corre el riesgo de minimizar la dimensión real del delito. Una base de datos sustentada principalmente en la denuncia penal ignora la realidad de las fiscalías en México, así como el subregistro derivado de la desconfianza a las instituciones y la falta de condiciones de seguridad para denunciar”. Colectivos y organizaciones civiles afirmaron que “continúa la estrategia de minimizar”.
Grace Fernández, de Búscame Buscando Desaparecidos México, lamentó que las autoridades tampoco presentaran las acciones que llevarán a cabo para obtener más información sobre los más de 46 mil sin datos suficientes. Afirmó que el trabajo de análisis del Registro Nacional no se consultó con las víctimas y declaró: “Es negar la responsabilidad que tiene el Estado”. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) indicó que acotar a 43 mil 128 el número de desaparecidos reduce la dimensión de la crisis.
Jorge Verástegui, activista que busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús, desaparecidos en 2009, reconoció que el jueves pasado hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación a la que se convocó a un grupo de familiares, pero éstos no son representativos de plataformas o movimientos amplios. En dicho encuentro estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y la comisionada Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, quienes adelantaron a dicho grupo aspectos sobre el Registro Nacional. Verástegui calificó la situación como “un error metodológico”.
María Luisa Aguilar, directora del Centro Prodh, recordó que la base de datos, que surgió desde 2017, se nutre de información de fiscalías, comisiones locales y reportes de las familias.
