Washington, 28 de marzo de 2026.- Senadores republicanos y demócratas acordaron la madrugada de este viernes 27 de marzo financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, con excepción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En medio de esta resolución legislativa, Markwayne Mullin juramentó como nuevo secretario de Seguridad Nacional en una ceremonia en la Casa Blanca donde estuvo presente el presidente Donald Trump.
El acuerdo aprobado por el Senado financiaría componentes clave como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y la Guardia Costera de Estados Unidos, dejando fuera a las agencias migratorias mencionadas. La medida busca aliviar el bloqueo presupuestario que ha dejado sin fondos discrecionales a diversas dependencias, situación que ha obligado a los agentes a trabajar hasta 30 días sin recibir su salario.
Ante la crítica operativa en los aeropuertos, el presidente Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para garantizar el pago inmediato a los agentes de seguridad aeroportuaria. El mandatario indicó en su cuenta de Truth Social que instruirá al nuevo secretario Mullin para ejecutar el pago de inmediato y hacer frente a la situación de emergencia, con el objetivo de detener el caos en los aeropuertos del país.
La crisis se refleja en cifras de ausentismo registradas en distintos puntos del territorio estadounidense. En el Aeropuerto William P. Hobby de Houston, Texas, se reportó un 40.3% de ausentismo en el personal de la TSA, mientras que en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia, la falta de personal alcanzó el 37.4%. Estos datos evidencian el impacto del cierre parcial en la operación diaria de los terminales aéreos.
Durante su juramentación, Markwayne Mullin destacó el reconocimiento del mandatario y afirmó que, sin importar el partido, su trabajo es proteger a todos por igual. El nuevo secretario mencionó que ya ha conocido a los miembros del Departamento, quienes han cumplido 30 días sin salario pero han seguido acudiendo a sus labores. Por su parte, Trump atribuyó la crisis al rechazo de los demócratas a financiar completamente al departamento sin incluir políticas migratorias de fiscalización.
El conflicto presupuestario tiene antecedentes en las polémicas redadas contra inmigrantes que dejaron dos ciudadanos estadounidenses fallecidos en enero, evento que el presidente citó como contexto para la necesidad de nuevas políticas de fiscalización. El acuerdo legislativo ahora pasará a la Cámara de Representantes para su aprobación final, mientras la administración busca normalizar el pago al personal de seguridad mediante la orden ejecutiva anunciada.
