Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en esta ciudad giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como contra su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes de la Policía Estatal, por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua.
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán solicitó los mandamientos judiciales tras una investigación que documentó la actuación de la fuerza pública durante dicho operativo, el cual concluyó con la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépecha. De acuerdo con los medios que dieron a conocer la noticia este viernes 27 de marzo, las órdenes de aprehensión se fundamentan en la posible comisión de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.
En total, el juez encargado del caso emitió 16 órdenes de aprehensión. Una de ellas está dirigida contra el exmandatario estatal, otra contra quien fuera su secretario de Seguridad y las restantes 14 corresponden a los policías estatales señalados por su participación directa en los hechos. Esta acción judicial abarca a los principales mandos de la administración estatal de aquel periodo y a varios elementos operativos.
Según lo reportado por fuentes periodísticas, entre los delitos imputados se encuentra el homicidio de cuatro personas originarias de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, así como la tortura de otras diez habitantes de la comunidad durante la intervención policial. Los hechos se remontan a un conflicto por tierras y bloqueos carreteros que derivaron en un operativo de gran escala hace nueve años.
Con estas nuevas órdenes de captura, el caso de Arantepacua vuelve a ocupar la agenda pública tras casi una década de reclamos por parte de familiares de las víctimas y organizaciones civiles, quienes han exigido justicia por lo ocurrido en la comunidad purépecha. La emisión de los mandamientos refleja la magnitud de la investigación y la presunta red de responsabilidades dentro de la estructura de seguridad pública del estado durante el sexenio de Aureoles Conejo.
El exgobernador, quien estuvo al frente de la entidad de octubre de 2015 a septiembre de 2021, enfrenta ahora este proceso penal en el fuero común, sumado a otras investigaciones previas. Las autoridades judiciales de Michoacán serán las encargadas de ejecutar las órdenes giradas contra los 16 implicados en esta causa por violaciones a los derechos humanos.
