Torreón, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de su Delegación Laguna I, informó sobre los avances en la investigación del presunto fraude inmobiliario conocido como el ‘Cártel Inmobiliario’, caso que ha generado una disputa narrativa entre las autoridades y un grupo de afectados que exigen justicia y celeridad en las acciones legales.
El delegado regional Carlos Rangel detalló que, tras un año de investigaciones iniciadas con la llegada del fiscal general Federico Fernández Montañez, se han presentado al menos 60 denuncias formales y se han girado 12 órdenes de aprehensión contra los involucrados. Como resultado de la estrategia implementada, que incluyó más de 20 sesiones de trabajo con las víctimas, actualmente hay dos mujeres detenidas y una tercera fue reaprehendida recientemente.
Pese a lo anterior, existe una contradicción significativa respecto al estatus legal de las carpetas. Mientras el funcionario aseguró que la mayoría de los expedientes ya están integrados y judicializados, los afectados sostienen que únicamente dos casos han llegado a esa etapa. Alfonso Serrano, uno de los perjudicados, acusó directamente al fiscal general Federico Fernández Montañez de negarles atención, citarlos a horas tempranas para atenderlos hasta la noche y no responder a las comunicaciones en un número personal proporcionado por la propia autoridad.
En el centro de la controversia se encuentra el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, señalado como uno de los principales actores del esquema. Según reportes periodísticos locales, este sujeto habría huido a España para evitar la acción de la justicia, mientras que otras personas implicadas han sido detenidas y liberadas en múltiples ocasiones. El daño patrimonial reportado por el grupo inicial de 27 víctimas asciende a cerca de 19 millones de pesos.
Carlos Rangel reconoció que aún falta la localización de dos personas señaladas como organizadores del fraude, quienes cuentan con órdenes de aprehensión pero han promovido amparos para evitar su captura. El delegado enfatizó que la ley se aplicará parejo incluso si existen señalamientos contra funcionarios estatales o municipales, aunque aclaró que las responsabilidades deben acreditarse mediante los procesos judiciales en curso.
La tensión se manifestó físicamente cuando las víctimas bloquearon parcialmente la circulación en las inmediaciones de la delegación regional de la Fiscalía en Torreón. Los manifestantes rechazaron la versión oficial de avances significativos y calificaron la actuación del ministerio público como tortuguismo, exigiendo que las órdenes de aprehensión se ejecuten de manera efectiva y no queden en papel.
