Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio, acompañada por Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, y Ernestina Godoy, fiscal general de la República. La propuesta establece penas de 40 a 70 años de prisión para este delito y será enviada al Senado para su discusión.
La iniciativa tiene como objetivo establecer un tipo penal único a nivel nacional que homologue los criterios de investigación y sanción en todas las fiscalías del país. Según lo expuesto durante la presentación, la normativa busca evitar que los vacíos legales locales permitan la impunidad y garantizar que la investigación sea rigurosa y la sanción igual de contundente en todo el territorio mexicano.
Entre los puntos centrales de la propuesta destaca la obligación del Ministerio Público de investigar, de inicio, cualquier muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio. Esto implica incorporar obligatoriamente la perspectiva de género en los protocolos de investigación desde el primer momento, evitando que casos sean catalogados incorrectamente como suicidios u otras causas.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló que para la expedición de esta ley se requiere modificar el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución. Esta reforma facultará al Congreso de la Unión para expedir la Ley General y clasificar el feminicidio como tipo penal homologado en todo el país.
La iniciativa reconoce nueve razones de género para acreditar el delito, incluyendo signos de violencia sexual, antecedentes de violencias, delitos motivados por estereotipos o prejuicios, y la existencia de relaciones de poder o subordinación. Además, se establecen 21 agravantes, como cuando la víctima es niña, adolescente, adulta mayor, persona con discapacidad, pertenece a pueblos originarios o afrodescendientes, o cuando el crimen se comete frente a sus hijos.
Otra medida contemplada es que el agresor perderá de manera automática y definitiva cualquier derecho de patria potestad, tutela o custodia sobre los hijos en común con la víctima. También se plantea la creación de un registro nacional de orfandad para hijos de las víctimas de feminicidio, así como la implementación de turno continuado para garantizar la investigación ininterrumpida.
La presidenta Sheinbaum señaló que el objetivo es erradicar el feminicidio en México y que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer. Todos los estados tendrán que modificar sus leyes para asumir esta Ley General, una vez que sea aprobada por el Congreso de la Unión.
