Lázaro Cárdenas, 26 de marzo de 2026.- Lázaro Cárdenas, Michoacán. 26 de marzo de 2026.- Dos profesoras fueron asesinadas la mañana del 24 de marzo de 2026 en la Preparatoria Antón Makarenko de esta ciudad, en un ataque perpetrado por un alumno de 15 años identificado como Osmar “N”. El hecho ocurrió alrededor de las 09:00 horas y ha generado un debate nacional sobre la posibilidad de juzgar a menores como adultos cuando cometen delitos graves.
Las víctimas fueron identificadas como Tatiana Madrigal Bedolla, de 37 años, y María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que se buscará procesar al adolescente por tres delitos: feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos del mismo tipo.
Torres Piña reconoció que el arma utilizada, un rifle AR-15, es ilegal y carece de registro. “No tiene registro, es un arma que entró de manera ilegal al país”, declaró el funcionario. Confirmó que el caso se procesará bajo el sistema de justicia para adolescentes, el cual establece una pena máxima de tres años de internamiento para menores de esa edad, en contraste con los hasta 50 años de prisión que podría enfrentar un adulto por feminicidio.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el hecho como “muy doloroso” y señaló que “todo parece indicar que ya lo había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando”. Respecto al marco legal, la mandataria indicó que el tema de juzgar a menores como adultos “es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo”.
Familiares de las víctimas exigieron que el adolescente sea juzgado como adulto. Christian “N”, hermano de Tatiana Madrigal, y Francisco Delgado Madrigal, esposo de María del Rosario Sagrero, argumentaron que se trató de un hecho planeado y no impulsivo, por lo que consideran que debe enfrentar el proceso penal correspondiente a un adulto.
La Secretaría de Educación Pública expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares y la comunidad educativa. En un comunicado, la dependencia reiteró su compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia. La audiencia inicial del caso estaba programada para este 26 de marzo.
El caso ha puesto sobre la mesa las limitaciones del sistema de justicia para adolescentes en México, el cual prioriza la rehabilitación sobre el castigo. Mientras la Fiscalía michoacana investiga el origen del arma y las motivaciones del ataque, el debate público continúa sobre si la legislación debe modificarse para casos de delitos graves cometidos por menores de edad.
