Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, el 25 de marzo de 2026, la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone un límite a las pensiones y jubilaciones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas. La modificación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece un tope máximo equivalente a la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, cifra que asciende aproximadamente a 70,000 pesos mensuales, y contempla aplicación retroactiva.
El dictamen fue avalado en medio de protestas de jubilados de empresas como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro, quienes intentaron ingresar por la fuerza al Palacio Legislativo de San Lázaro durante el debate. Aunque una fuente reporta que la votación alcanzó la unanimidad con 458 votos a favor, otros registros indican un resultado de 363 sufragios a favor, 64 en contra y 20 abstenciones.
Durante la sesión, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, anunció que su bancada votaría a favor de la iniciativa pese a sus reservas. Moreira señaló que están en contra de las llamadas pensiones doradas, pero advirtió que la estrategia de Morena no es eficaz para eliminarlas y alertó sobre los riesgos jurídicos derivados de la retroactividad y las omisiones detectadas en el dictamen.
Por su parte, la diputada Margarita Zavala criticó duramente la aprobación, argumentando que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. La legisladora sostuvo que los senadores emitieron su voto basándose en información imprecisa o falsa respecto a las implicaciones legales de la medida para los pensionistas actuales.
El texto aprobado excluye expresamente del tope a las Fuerzas Armadas, así como a las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas. Además, el decreto incorpora lenguaje inclusivo en su redacción.
Con esta aprobación en la Cámara baja, la reforma avanza en el proceso legislativo para modificar el marco regulatorio de las compensaciones post-laborales en el sector público, buscando reducir el gasto destinado a jubilaciones de altos funcionarios bajo el argumento de austeridad republicana, aunque enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad legal debido al carácter retroactivo de la norma.
