Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad de la explotación exclusiva del litio por parte del Estado mexicano. El máximo tribunal resolvió la acción de inconstitucionalidad 78/2022, promovida originalmente por senadores de oposición, confirmando la reserva de este mineral estratégico al sector público.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quien fungió como ponente del proyecto, presentó la resolución que fue aprobada por unanimidad por el pleno del tribunal. Con este fallo, la Corte avaló específicamente los artículos 1, 5 bis y 10 de la Ley Minera reformada, blindando jurídicamente el modelo de gestión estatal para el recurso.
De acuerdo con la resolución, los artículos validados establecen que la exploración, explotación y aprovechamiento del litio corresponden exclusivamente al Estado. La normativa prohíbe de manera taxativa la emisión de concesiones a particulares para estas actividades y declara como zonas de reserva minera todos los yacimientos de este mineral en el territorio nacional.
Asimismo, el marco legal confirmado por la SCJN prevé la creación y operación de un organismo público descentralizado encargado de la gestión integral del litio. Esta estructura busca centralizar las operaciones relacionadas con la cadena de valor del mineral bajo control gubernamental, sin participación de inversionistas privados en la extracción.
La decisión del pleno pone fin al debate jurídico iniciado con la acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores de la oposición, quienes cuestionaban la viabilidad legal de la nacionalización del litio. Al actuar por unanimidad, los ministros reforzaron la interpretación de que el Estado tiene la facultad constitucional para reservar este recurso y determinar su régimen de aprovechamiento.
Con esta determinación, se consolida el marco jurídico que permite al gobierno federal avanzar en sus proyectos de extracción y comercialización de litio a través de la entidad pública designada, descartando la posibilidad de que empresas privadas obtengan derechos sobre los yacimientos mexicanos.
