Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, tras una audiencia celebrada entre el 23 y 24 de marzo en la que se determinó que existen elementos para investigar su presunta responsabilidad en el contrato firmado con la empresa Next Energy. La decisión judicial establece un plazo de seis meses para la investigación formal, durante el cual el exfuncionario deberá enfrentar los cargos relacionados con el acuerdo energético que nunca se materializó en obra.
La audiencia, que inició a las 09:23 horas bajo la supervisión del juez de control Gerardo Anguiano Ceja, contó con la participación de los defensores Humberto Velazco e Hiram Sánchez, quienes representaron a Bonilla. El caso gira en torno a un contrato por 4,500 millones de pesos con una vigencia de 30 años, diseñado originalmente para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali destinada a dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana. Según los datos de la investigación, el acuerdo contemplaba un pago mensual de alrededor de 123 millones de pesos, registrándose un pago inicial por ese mismo monto.
Durante el procedimiento, la defensa argumentó que los pagos realizados a la empresa ocurrieron después de que Bonilla dejó la administración en octubre de 2021, especificando que las transferencias de 123 millones de pesos se efectuaron entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022. Los abogados también sostuvieron que el delito de uso ilícito de facultades no era aplicable, ya que el proyecto se trataba de un contrato plurianual para la adquisición de un servicio y no de una adquisición de crédito fiscal. Estas posturas buscan contradecir la acusación de abuso de autoridad durante el mandato del exgobernador.
El proceso judicial se desarrolla en un contexto de conflicto político entre el exgobernador, quien ahora funge como dirigente del Partido del Trabajo (PT), y la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila, de Morena. Este caso marca un precedente al ser Bonilla señalado como el primer exgobernador surgido de Morena que enfrenta una acusación abierta de corrupción en el estado. La planta fotovoltaica, objeto del contrato, nunca fue construida, lo que motiva la acción legal de la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Baja California.
Con la vinculación a proceso, la justicia estatal buscará esclarecer las circunstancias bajo las cuales se autorizó y ejecutó el pago inicial del contrato, así como la responsabilidad directa de las partes involucradas. La investigación continuará durante el próximo semestre, tiempo en el que se espera que se presenten más pruebas sobre la operación del acuerdo y la participación de los funcionarios de la administración pasada.
