Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, al calificar el crimen como un asunto de Estado que no puede cerrarse mediante beneficios penitenciarios. La declaración se produce cuando se cumplen 32 años del magnicidio ocurrido en Tijuana y en medio de una apelación judicial que lleva cuatro meses sin desahogarse respecto a la investigación contra Jorge Antonio Sánchez Ortega.
La mandataria federal sostuvo que la naturaleza del caso impide su resolución a través de un indulto, manteniendo la postura de que se trata de un expediente que trasciende lo individual. Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas, senador e hijo de la víctima, discrepó con la interpretación presidencial sobre las facultades ejecutivas. El legislador afirmó que la presidenta sí cuenta con la atribución legal para conceder el indulto, pero señaló que lo que falta es la voluntad política para hacerlo.
En torno a las líneas de investigación actuales, existen posturas divergentes sobre la teoría del segundo tirador. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una indagatoria contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen, por su presunta participación en los hechos, Colosio Riojas cuestionó la novedad de esta hipótesis. El senador declaró que la persona detrás de esta teoría ya había sido identificada hace tres décadas, contrastando con la presentación de las autoridades sobre pruebas recientes.
El proceso judicial relacionado con Sánchez Ortega enfrenta retrasos, pues su apelación permanece sin resolverse desde noviembre de 2025. Esta situación ocurre paralelamente a las declaraciones de Sheinbaum, quien mencionó aspectos relacionados con una supuesta candidatura de Colosio Riojas a la gubernatura de Sonora, vinculando el contexto político actual con el histórico crimen.
La discrepancia central radica en la visión del cierre del caso: para el Ejecutivo federal, el indulto no es la vía para un asunto de tal magnitud histórica, mientras que para la familia de la víctima, la herramienta legal está disponible y su no aplicación responde a una decisión de fondo más que a impedimentos jurídicos. A la fecha, no se ha registrado una respuesta formal de la FGR o del Poder Judicial ante las acusaciones de politización del caso vertidas por el senador Colosio Riojas.
