Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró este fin de semana múltiples facetas de violencia e impunidad, con hallazgos de restos humanos en Jalisco y Sonora realizados por buscadoras independientes, la liberación de siete electricistas retenidos en San Luis Potosí y denuncias de ataques contra centros de derechos humanos, mientras el Gabinete de Seguridad federal aseguró que no hay delitos en casos reportados en Quintana Roo.
En Tequila, Jalisco, Ivonne Gutiérrez, coordinadora del colectivo Buscando Corazones, denunció el hallazgo de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. La buscadora señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio donde se encontraron también crematorios clandestinos, lo que sugiere una posible omisión institucional ante la evidencia de violencia extrema.
Simultáneamente, Ceci Flores, madre buscadora, afirmó haber localizado restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora. Aunque la identidad del joven y la confirmación oficial mediante pruebas de ADN siguen pendientes, el hallazgo subraya la persistencia de las familias en la búsqueda de verdad ante la falta de resultados por parte de las instancias gubernamentales.
En San Luis Potosí, siete electricistas que habían desaparecido en Matehuala fueron localizados con vida. Un trabajador que pidió anonimato declaró a medios que el grupo fue interceptado por un grupo criminal con el fin de reclutarlos forzadamente y permanecieron retenidos más de dos días. Para su liberación, se desplegó un operativo con 600 agentes en la región, evidenciando la presencia del crimen organizado en actividades de extorsión y reclutamiento.
Mientras los colectivos enfrentan hallazgos trágicos, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado afirmando que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”, una declaración que contrasta con la percepción de crisis y los reportes periodísticos sobre la situación en la entidad.
La situación de los defensores de derechos humanos se agravó con el segundo allanamiento y robo en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo. La organización denunció un “riesgo inminente” para su personal y criticó la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques, que forman parte de un patrón de hostigamiento contra quienes documentan la violencia en el país.
En el ámbito legal y social, Cristian Castro Cigala, representante del colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos de Torreón, informó que mantienen pláticas con el Ayuntamiento local para conseguir pensiones para las familias de los agentes desaparecidos. Sin embargo, el municipio ha argumentado que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrarlos al fondo de pensiones, dejando a las víctimas en un limbo administrativo mientras continúan las búsquedas de verdad y justicia.
