Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, marcando un avance legislativo en materia de derechos sociales, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reportó la destinación de millones de pesos a instituciones científicas y educativas, aunque enfrenta cuestionamientos por la reasignación de recursos hacia eventos sindicales en el mismo periodo.
La sesión plenaria donde se validó la iniciativa contó con el respaldo de una mayoría significativa, consolidando el marco legal para el acceso a una vivienda adecuada. Entre los involucrados en el proceso legislativo y judicial destacan la presidenta de la Comisión de Vivienda, Maribel Martínez Ruiz, así como actores clave como el Infonavit, encabezado por Octavio Romero Oropeza, y representantes de la CTM y la Secretaría de las Mujeres.
En paralelo, la SCJN, bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz, dio a conocer cifras de sus contribuciones financieras. En 2024, el tribunal donó 7 millones de pesos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. En los últimos años, el acumulado de estos apoyos alcanza los 32.5 millones de pesos, reflejando un esfuerzo por fortalecer la ciencia y la impartición de justicia.
Sin embargo, datos internos revelan una contradicción en la gestión presupuestal de 2025. Mientras se cancelaron los donativos para becas destinados a la UNAM y a la asociación de impartidores por falta de presupuesto, la misma corte destinó 1.5 millones de pesos al Sindicato del Poder Judicial para la organización de eventos. Entre 2021 y 2024, el monto total dirigido a actividades sindicales ascendió a 10.2 millones de pesos, generando debates sobre las prioridades en el uso de recursos públicos.
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, ha señalado que, a pesar de las reformas legales y los convenios firmados para fortalecer la justicia con perspectiva de género, aún no se ha alcanzado la equidad real entre hombres y mujeres en México. Este contexto se observa en cifras como las de Quintana Roo, donde 62 de 117 cargos judiciales son ocupados por mujeres, y en acciones de organismos como el TEPJF, con la participación de la magistrada Mónica Soto Fregoso.
En el ámbito de la infraestructura habitacional, el proyecto Viviendas del Bienestar en San Pedro contempla la construcción de 2,490 casas, una iniciativa que busca atender el déficit habitacional en un país donde más del 55% de la población ocupada trabaja en el sector informal. La dinámica legislativa también incluye debates en el Congreso de la Ciudad de México y la Alcaldía La Magdalena Contreras, liderada por Fernando Mercado Guaida, así como posturas de la diputada local Diana Sánchez Barrios.
La agenda de reformas y acciones judiciales continúa su curso entre tensiones ideológicas y administrativas. Mientras se avanzan reconocimientos de derechos, la distribución de fondos y la implementación de políticas de igualdad siguen siendo puntos de análisis para los poderes federales y las organizaciones sociales, incluyendo la postura de la Iglesia católica mexicana y los congresos estatales como el de Aguascalientes.
