Veracruz, 25 de marzo de 2026.- Organizaciones ecologistas, legisladores y comunidades costeras denunciaron un derrame de hidrocarburos que abarca 630 kilómetros de litoral en el Golfo de México, afectando al menos 51 sitios entre Veracruz y Tabasco, situación que contrasta con las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle, quien afirmó que las playas se encuentran limpias y solo se trató de “gotas”.
El primer reporte del incidente data del 1 o 2 de marzo de 2026. Hasta la fecha, se ha confirmado la muerte de al menos 12 animales: siete tortugas marinas, dos delfines, dos manatíes y un pelícano. La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y Greenpeace han documentado la extensión del daño, mientras que Oceana, a través de su directora ejecutiva Renata Terrazas, se ha sumado a las voces que alertan sobre la crisis ambiental.
En el ámbito legislativo, diputados de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros y Sergio Gil, exigieron la activación del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y la instalación de una mesa de crisis interinstitucional para atender la emergencia. Por su parte, pescadores de Pajapan, Veracruz, y el activista Obet Hernández han reportado la suspensión de actividades pesqueras y turísticas debido a la contaminación.
Existe una contradicción marcada entre las versiones oficiales y los reportes en tierra. Mientras Petróleos Mexicanos informó el 19 de marzo que las labores de limpieza tenían un avance del 85 por ciento, la Red Corredor Arrecifal sostiene, basada en reportes comunitarios, que la cobertura de atención es desigual y que el arribo de petróleo continúa. La gobernadora Rocío Nahle minimizó el evento, aunque las organizaciones describen daños ecológicos graves en múltiples playas.
La situación ha trascendido las fronteras de Veracruz, pues se han detectado manchas de hidrocarburos también en Tamaulipas, lo que ha llevado a ese estado a intensificar la vigilancia costera. La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Andrea González Hernández, y el Procurador Estatal del Medio Ambiente de Veracruz, Ángel Carrizales López, figuran como autoridades involucradas en la respuesta federal y estatal ante el desastre.
El derrame ha provocado impactos económicos directos en las comunidades costeras, forzando la paralización de la pesca y el turismo en la región. Ante la discrepancia en los datos de limpieza y la continuidad del arribo de contaminantes, la presión social y política se centra en la efectividad real de las estrategias de mitigación desplegadas por las empresas y el gobierno.
