Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) firmaron un convenio de colaboración el 20 de marzo de 2026 con el objetivo de incorporar la perspectiva de igualdad sustantiva y no discriminación en la labor jurisdiccional. El acuerdo fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, en un acto realizado en la capital del país, donde también participaron legisladores y representantes de la sociedad civil.
De manera paralela a este acercamiento institucional, la senadora Malú Micher hizo un llamado desde el Senado de la República para uniformar las leyes de género en todos los estados de la federación, buscando armonizar el marco legislativo local con los estándares nacionales. Este esfuerzo por la estandarización normativa coincide con la operación de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, la cual suma ya más de 5 mil bases de datos provenientes de 184 instituciones, según reportes de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Sin embargo, el panorama de la justicia en México presenta contradicciones. Mientras las altas cortes y el poder legislativo discuten avances en materia de derechos, organizaciones como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México han emitido un posicionamiento exigiendo que los derechos de los pueblos indígenas dejen de ser solo declarativos para convertirse en vinculantes. Dichos grupos demandan la expedición de una ley reglamentaria del Artículo 2 constitucional, cuyo contenido y estatus legislativo no han sido especificados por las autoridades hasta la fecha.
En el ámbito de la procuración de justicia, ha surgido un caso que cuestiona la actuación del sistema judicial. La jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo otorgó un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, quien enfrenta acusaciones por fraudes. Esta decisión ha generado señales de alerta sobre la posible discrepancia entre el discurso institucional de protección a derechos humanos y las prácticas concretas en los tribunales, aunque no se ha registrado una reacción oficial del Poder Judicial ante estas críticas.
La investigación también menciona la presencia de otros actores en el entorno de la justicia, incluyendo a José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández, aunque no se detallan sus intervenciones específicas en los eventos reportados durante estos días. La firma del convenio entre la SCJN y el Conapred marca un intento formal de alinear la función judicial con principios de no discriminación, aunque los mecanismos concretos para lograr esta igualdad sustantiva no fueron desglosados en los anuncios oficiales.
El contexto actual refleja una tensión entre los anuncios de modernización y apertura de datos por parte del Estado, y las demandas de sectores históricos que requieren garantías efectivas. La falta de especificación sobre los plazos de seguimiento para la armonización legislativa en los estados y la ausencia de detalles sobre la implementación práctica del nuevo convenio dejan abiertas interrogantes sobre la eficacia inmediata de estas acciones en la vida cotidiana de los ciudadanos.
