Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Críticas y debates marcaron la discusión en el Senado sobre el denominado ‘Plan B’ de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con énfasis en las modificaciones propuestas a la regulación de la revocación de mandato. Durante las sesiones del 21 y 22 de marzo, figuras clave como José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), junto con los senadores Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, y Oscar Cantón Zetina, titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, analizaron el alcance y los posibles efectos de la iniciativa.
El centro de la controversia radica en la potencial modificación del artículo 35 constitucional y las normas que rigen la revocación de mandato, mecanismo que permite a la ciudadanía solicitar la terminación anticipada del periodo de un servidor público. Sectores críticos han señalado que los cambios propuestos podrían representar un retroceso para la democracia, aunque el contenido específico y la redacción final de la reforma aún son objeto de análisis en las cámaras legislativas.
En paralelo a la discusión legislativa, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta cuestionamientos relacionados con las medidas de seguridad implementadas en 40 de sus inmuebles. Dichas acciones han generado preocupación por su impacto en el trabajo periodístico y la transparencia de los procesos electorales, aunque no se ha registrado una reacción oficial detallada del organismo ante estas críticas en los reportes disponibles.
La postura de Morena y sus aliados legislativos respecto a las observaciones formuladas por Woldenberg y otros actores políticos no ha sido explicitada oficialmente en los documentos consultados, manteniéndose la expectativa sobre el resultado de las deliberaciones en las comisiones senatoriales. La dinámica en el Senado refleja la tensión entre la ejecución de la agenda de reforma del gobierno federal y las salvaguardas institucionales del sistema electoral.
Con la discusión en curso, el escenario político permanece a la espera de definiciones sobre el texto final de la iniciativa y las consecuencias que esta podría tener para el marco jurídico de la participación ciudadana y la estabilidad de los órganos electorales en México.
