Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas denunciaron este mes un patrón regional de represión estatal que abarca desde el desmantelamiento de políticas de memoria en Argentina hasta desapariciones forzadas de deportados en El Salvador y confiscación de bienes a opositores en Venezuela y Nicaragua. Human Rights Watch (HRW) y activistas alertaron sobre el endurecimiento de políticas migratorias y la criminalización de la disidencia política en varios países de la región.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por su manejo migratorio y socioambiental. La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, ha impulsado medidas que resultaron en la no admisión o expulsión de 5,000 personas en los últimos dos meses. Según datos oficiales, en 2024 se deportó a 620 extranjeros, un incremento del 40% respecto al año anterior. Paralelamente, en la provincia de Mendoza, vecinas lideradas por Macarena Limousin mantienen protestas socioambientales, mientras economistas como Mercedes D’Alessandro cuestionan el rumbo de las políticas públicas.
La situación en Venezuela y Nicaragua presenta graves violaciones a derechos humanos. Lilian Tintori, familiar de víctimas y activista, ha realizado denuncias públicas sobre la confiscación de bienes a opositores, aunque no se detallan los cargos específicos en los reportes disponibles. En Nicaragua, los activistas Amaru Ruiz y Thelma Brenes, junto con familiares de desaparecidos como el dirigente chavista Carlos Brenes, exigen información sobre el paradero de detenidos. El contexto incluye la presencia de figuras opositoras como William Dávila, Enrique Márquez y Leopoldo López en el debate regional.
En El Salvador, la desaparición de 11 connacionales deportados desde Estados Unidos ha generado alarma. Entre ellos se identifica a César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’, a quien autoridades estadounidenses y salvadoreñas vinculan con la pandilla MS-13. Sin embargo, familias de las otras víctimas y HRW niegan que existan evidencias públicas que relacionen al resto de los desaparecidos con actividades criminales. Se reporta que más de 9,000 salvadoreños fueron deportados desde EE.UU. en 2025, de los cuales el 10% tenía antecedentes penales, mientras que más de 250 venezolanos también fueron repatriados forzadamente.
Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, ha emitido comunicados oficiales señalando las contradicciones en las acusaciones gubernamentales. La organización destaca que, si bien se acusa a los deportados de ser miembros de pandillas, no se presenta prueba concreta más allá del caso de ‘El Greñas’. Las familias de los desaparecidos salvadoreños y las víctimas de represión en otros países claman por verdad y justicia ante la falta de respuestas oficiales claras sobre el estatus legal y la ubicación de sus seres queridos.
Este panorama refleja una crisis política y de derechos humanos que atraviesa fronteras, marcada por la referencia histórica de las 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura argentina y los nuevos casos de impunidad. La sociedad civil y los organismos internacionales mantienen la vigilancia ante el desmantelamiento de garantías individuales y la adopción de modelos de seguridad que priorizan la fuerza sobre el debido proceso en la región.
