Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realizó correcciones a seis registros de pensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras recibir datos complementarios de la empresa el 17 de marzo de 2026, consistentes en la reducción de los montos previamente reportados en el padrón publicado el 13 de marzo.
Los ajustes modificaron significativamente las cifras originales. Una pensión que figuraba con 1,107,361.34 pesos fue corregida a 201,961.34 pesos. Otra que registraba 987,978.50 pesos pasó a 170,978.50 pesos. Un tercer caso bajó de 976,512.80 a 160,512.80 pesos, mientras que uno más se ajustó de 972,626.98 a 155,626.98 pesos.
Las dos correcciones restantes involucraron montos de 655,515.92 pesos reducidos a 170,915.92 pesos, y de 500,052.60 pesos a 63,921 pesos. Todos los casos originalmente reportaban cantidades superiores al millón o cercanas a ese umbral antes de los ajustes.
Entre los involucrados en el proceso figuran Alejandro Valadez Urrutia, Mario Francisco Espinosa Estrada, Jorge Luis Talamantes Montoya, Salvador Quero García, Carlos Arturo Sánchez Magaña y Jorge Ernesto Moreno Tovar, según los registros del padrón de pensiones de la empresa estatal.
El periódico La Jornada reportó que la secretaría informó haber realizado una serie de correcciones al padrón de pensiones de Pemex luego de recibir información complementaria, precisando que se realizaron ajustes en seis registros específicos del universo de beneficiarios.
Estas correcciones ocurren en medio de un debate público y legislativo sobre el tope a las pensiones públicas. Análisis de opinión publicados en medios como el Semanario ZETA señalan que la reforma al artículo 127 constitucional que impone un límite a las pensiones públicas podría aplicarse retroactivamente, lo que afectaría derechos patrimoniales ya adquiridos.
Guillermo Rivera Millán, en su columna de opinión, advirtió que dicha aplicación retroactiva vulneraría el derecho humano de propiedad. Sin embargo, las fuentes primarias no vinculan explícitamente las correcciones reportadas por la Secretaría Anticorrupción con esta reforma constitucional, manteniéndose la conexión como contextual dentro del debate actual sobre pensiones en México.
