Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una demanda federal contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de violar los derechos civiles de estudiantes judíos e israelíes al permitir un entorno de discriminación y acoso antisemita. La acción legal, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, se centra en los incidentes ocurridos durante las manifestaciones propalestinas que tuvieron lugar en el campus principalmente en 2023 y 2024, posteriores al ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre.
En su escrito ante el tribunal federal de Boston, el gobierno estadounidense solicita la recuperación de miles de millones de dólares en subvenciones federales otorgadas a la universidad. Las autoridades argumentan que Harvard no protegió adecuadamente a sus alumnos de origen judío frente a un campamento de protesta antiisraelí que permaneció instalado por 20 días, así como de otros actos de hostigamiento y agresión física alegados en la querella.
Esta iniciativa judicial representa la tercera demanda que la actual administración interpone contra la prestigiosa institución educativa. El conflicto legal tiene antecedentes inmediatos, pues en febrero de 2025 el Ejecutivo ya había amenazado con retirar los fondos federales de la universidad, medida que fue bloqueada oportunamente por un juez federal antes de concretarse.
La disputa pone sobre la mesa la responsabilidad de las instituciones de educación superior en la garantía de seguridad de sus estudiantes frente a expresiones de odio. Aunque la investigación no detalla cifras exactas de víctimas específicas ni el monto preciso de los fondos en litigio, la magnitud de las subvenciones involucradas subraya la severidad de la postura del Departamento de Justicia respecto al manejo que la universidad dio a las protestas estudiantiles.
Hasta el momento, la respuesta formal de la Universidad de Harvard ante el tribunal no ha sido especificada en los documentos públicos iniciales, más allá de comunicados institucionales previos. El caso marca un nuevo capítulo en la tensión entre la libertad de expresión en los campus universitarios y la obligación federal de prevenir la discriminación basada en el origen nacional o religioso.
