Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly presentaron una declaración ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York solicitando financiamiento legal para la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores, bajo el argumento de que sus clientes carecen de recursos propios para costear su representación. La solicitud se realiza en el contexto de las acusaciones por narcotráfico que enfrentan ambos funcionarios venezolanos en este distrito judicial.
En la documentación presentada, la defensa alega que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague los honorarios de los abogados, lo cual consideran una interferencia con el derecho de Maduro y Flores a elegir su propia representación legal. Según los abogados, esta restricción impide que se disponga de fondos estatales para cubrir los gastos del proceso penal.
Tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores firmaron una declaración jurada en la que aseguran no tener capacidad económica para pagar a sus defensores. En dicho documento, manifestaron su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal así lo requiere para verificar su situación de insolvencia. No se especifica en los archivos el monto total requerido para la defensa ni los detalles concretos de las pruebas que podrían ser exhibidas.
La postura de la defensa contrasta con la falta de información sobre la posición oficial del Gobierno de Venezuela respecto a financiar el caso, así como sobre si la Fiscalía de EE.UU. reconoce la validez de la solicitud de fondos estatales o si se trata únicamente de un alegato de los representantes legales. Cabe destacar que Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela.
Maduro y Flores tienen programada una audiencia para el 26 de marzo de 2026. Además de la cuestión financiera, sus abogados buscan que el caso sea desestimado por presuntas irregularidades legales en el proceso. Las sanciones económicas de la OFAC contra Venezuela se mantienen vigentes desde 2015, lo que complica cualquier transacción financiera que involucre activos del gobierno de ese país.
