Por Redacción
San Salvador, 20 de marzo de 2026.- El gobierno de El Salvador presentó una propuesta legislativa para imponer prisión de por vida a menores de edad que cometan asesinatos o violaciones, ampliando el alcance de la reforma constitucional aprobada el martes 17 de marzo que eliminó la prohibición de penas perpetuas para adultos. La iniciativa, promovida por la administración del presidente Nayib Bukele, será sometida a discusión y votación en la Asamblea Legislativa en los próximos días.
La medida representa un endurecimiento sin precedentes en la legislación salvadoreña, donde hasta ahora la condena máxima para adolescentes se limitaba a 60 años de cárcel. La propuesta surge como extensión directa de la modificación constitucional que ahora permite la cárcel de por vida para homicidas, violadores y terroristas mayores de edad, rompiendo con décadas de prohibición explícita en la Carta Magna del país centroamericano.
Entre los funcionarios involucrados en la promoción de esta política de seguridad se encuentran Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, y Francis Merino, ministro de Defensa. Aunque ambos figuran como voceros de la iniciativa en declaraciones públicas, el contenido específico de sus intervenciones no ha sido detallado en los reportes disponibles hasta el momento.
El proyecto de ley busca alinear el sistema de justicia penal para adolescentes con la nueva doctrina de tolerancia cero del ejecutivo. Sin embargo, la investigación disponible no especifica el nombre técnico del proyecto legislativo, ni define con precisión el rango de edades que abarcaría la categoría de menor bajo esta nueva normativa, ni ofrece cifras concretas sobre los casos particulares que motivaron la redacción de la propuesta.
La aprobación de esta reforma requiere el aval de los diputados en el parlamento, donde el partido oficialista cuenta con mayoría calificada, lo que facilita la tramitación de iniciativas presidenciales. Se espera que el debate legislativo se centre en la constitucionalidad y los implicaciones de aplicar sentencias irreductibles a personas que no han alcanzado la mayoría de edad legal.
Esta movida legislativa consolida la estrategia de seguridad del gobierno de Bukele, que ha priorizado el castigo severo como herramienta principal contra la criminalidad. La inclusión de menores en el esquema de penas perpetuas marca un giro significativo en la jurisprudencia salvadoreña, equiparando la responsabilidad penal de adolescentes a la de adultos en los delitos más graves.
