Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- El llamado Plan B de reforma electoral enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado generó divisiones entre los partidos políticos, con el PT expresando reservas sobre la fecha de la revocación de mandato y el PAN advirtiendo que representa un retroceso democrático. La iniciativa plantea recortes presupuestales progresivos del 15% al Instituto Nacional Electoral (INE) y establece un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros, quienes actualmente perciben 262 mil pesos brutos.
Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, criticó que la propuesta no aborda problemas como el dinero del narco en las elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena. “Es una farsa la revocación de mandato y hay torpezas vulgares como eliminar la paridad en los Ayuntamientos”, señaló el legislador, quien además alertó sobre posibles mayores costos operativos en los municipios.
Por su parte, el Partido del Trabajo mostró fisuras internas respecto al apoyo al Plan B. Benjamín Robles, dirigente nacional del PT, anunció respaldo pero con reservas sobre la fecha de la revocación de mandato, prefiriendo que sea en 2028 y no en 2027 para evitar riesgos a la equidad. En contraste, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que votará a favor de la iniciativa sin condiciones.
El diputado Rubén Moreira advirtió que el Plan B busca influir en los comicios de 2027 más que ser una reforma de fondo. Calificó como retroceso democrático la participación del Ejecutivo en campañas mediante la revocación y alertó sobre daños a la equidad electoral. Mientras tanto, el INE defiende su autonomía presupuestal y sus altos salarios, en una pugna que se arrastra desde 2018.
La iniciativa también modifica la integración de los ayuntamientos, afectando a 56 municipios con reducción de regidurías y a 1,089 con aumento, según las cifras discutidas en el Senado. El personal del INE, que suma unos 18,000 trabajadores, podría verse impactado por los recortes presupuestales progresivos planteados en cuatro ejercicios fiscales.
El debate se da en un contexto donde la revocación de mandato ya fue utilizada en 2022, siendo criticada por algunos sectores como un instrumento de promoción política más que de participación ciudadana. La falta de consenso entre los partidos aliados del gobierno sugiere que la discusión legislativa podría extenderse y sufrir modificaciones antes de su eventual aprobación.
