Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- El gobierno del presidente Donald Trump inició la construcción de un nuevo tramo del muro fronterizo en El Paso, Texas, en medio de una serie de eventos que marcan su política migratoria restrictiva, incluida la muerte de un solicitante de asilo bajo custodia federal y la salida de un alto funcionario. Las acciones, que incluyen una inversión aproximada de 4,500 millones de dólares para reforzar la frontera, han generado críticas y preocupación por los derechos de los migrantes. El proyecto abarca 230 millas (370 kilómetros) de barrera, con un segmento clave de 110 kilómetros entre El Paso y Ciudad Juárez.
Mientras se colocaban los primeros paneles del muro, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó la muerte de Mohammad Nazeer Paktiawal, un solicitante de asilo afgano, mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas. Las autoridades indicaron que Paktiawal comenzó con dificultad respiratoria la noche de su detención, pero aún no se ha determinado la causa oficial de su fallecimiento, y el DHS mantiene una investigación abierta sobre el caso.
En paralelo, Gregory M. Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, fue retirado de su cargo. Si bien no se especificó si su salida fue voluntaria o forzada, el cambio en el liderazgo ocurre en un momento de intensa actividad en la frontera. Bovino había estado al frente de operativos que, según reportes previos, resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, aunque las circunstancias exactas de esos fallecimientos no han sido aclaradas oficialmente.
El contexto político se complejiza con las declaraciones del secretario asistente Joseph M. Humire, quien en una audiencia congresional se reservó sobre una posible decisión de Trump de desplegar el ejército durante los procesos electorales. Altos mandos militares, incluidos el general Gregory M. Guillot y el teniente general Francis L. Donovan, han afirmado que no acatarían una orden que consideraran ilegal, señalando tensiones internas sobre el papel de las fuerzas armadas en asuntos domésticos.
Estas políticas migratorias se desarrollan mientras cerca de 38.8 millones de personas de origen mexicano residen en Estados Unidos, un grupo cuya representación e intereses se ven directamente afectados por las medidas de control fronterizo y los operativos internos. La congresista Chrissy Houlahan ha sido una de las voces que ha cuestionado públicamente la estrategia de la administración, especialmente tras los incidentes fatales.
El avance de la construcción y los incidentes reportados reflejan una fase de endurecimiento en la aplicación de la ley migratoria, con un enfoque prioritario en la seguridad fronteriza que continúa generando debate sobre sus métodos y consecuencias humanitarias. La atención se centra ahora en los resultados de las investigaciones en curso y en la dirección que tomará la política bajo el nuevo liderazgo operativo en la frontera.
