Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- Una grave crisis diplomática se agudizó entre Ecuador y Colombia tras acusaciones cruzadas sobre bombardeos en su extensa frontera común. El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció que aviones desde Ecuador han atacado territorio colombiano, dejando 27 cuerpos calcinados, mientras que su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó las imputaciones y aseguró que sus fuerzas actúan únicamente contra grupos narcoterroristas en suelo ecuatoriano.
Petro utilizó sus redes sociales para lanzar la acusación: “Están bombardeándonos desde Ecuador… no queremos ir a una guerra”. Añadió que los ataques “no parecen ser ni de los grupos armados […] ni de la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden”, e informó sobre las víctimas mortales. Por su parte, Noboa respondió de manera categórica: “Sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio”. En declaraciones a la revista Semana, el mandatario ecuatoriano precisó que las operaciones militares se dirigen contra “estructuras narcoterroristas en territorio ecuatoriano, que el Gobierno de Petro deja pasearse por la zona”.
La disputa se enmarca en una escalada de tensiones que comenzó en enero de 2026 con una guerra comercial, donde Ecuador impuso aranceles de hasta el 50% a productos colombianos, alegando falta de control del narcotráfico en la frontera. Colombia aplicó medidas recíprocas. La zona fronteriza, de más de 600 kilómetros, es un corredor complejo con presencia de disidencias de las FARC, narcotráfico, minería ilegal y contrabando.
Noboa acusó además al gobierno de Petro de “permisividad” en la frontera y de haber dado cobijo a familiares del narcotraficante ecuatoriano José Macías Villamar, alias ‘Fito’. Esta acusación personaliza aún más el conflicto y señala una ruptura de los canales diplomáticos formales entre ambos países.
La falta de una verificación independiente por parte de organismos internacionales o prensa local sobre la ubicación exacta de los supuestos bombardeos y la identidad de las víctimas dificulta esclarecer los hechos. Tampoco se han proporcionado coordenadas precisas ni detalles sobre el tipo de aeronave o armamento utilizado.
El tono elevado de las acusaciones, que incluyen la mención a una posible guerra, marca un punto crítico en las relaciones bilaterales. La crisis pone de manifiesto la fragilidad de la seguridad en una de las fronteras más conflictivas de Sudamérica, donde los Estados enfrentan el desafío común del crimen organizado transnacional, pero divergen en sus estrategias y responsabilidades asignadas.
