Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó este martes ante el Senado su Plan B de reforma electoral, que incluye la reducción de regidores municipales, topes presupuestales para congresos locales y modificaciones controversiales al proceso de revocación de mandato. La iniciativa, que llega tras el rechazo del Plan A en la Cámara de Diputados, permite a la presidenta realizar campaña con recursos públicos para la consulta y adelanta el plazo al tercer año de gobierno.
El paquete legislativo establece que los municipios tendrán entre 7 y 15 regidores, frente a los números actuales que en algunos casos superan los 20, y elimina el principio de paridad de género en estas posiciones. Además, impone un tope del 0.7% del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales y reduce los salarios de funcionarios electorales.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, defendió la propuesta como “una medida de austeridad republicana necesaria para optimizar recursos”. El PVEM, a través de Manuel Velasco, anunció su apoyo unánime, aunque el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó revisión previa del texto completo.
La oposición, encabezada por Kenia López Rabadán del PAN, criticó severamente la iniciativa. “Es un retroceso en materia de paridad de género y una concentración de poder inadmisible”, señaló la senadora, quien cuestionó que se autoricen recursos no especificados para que la presidenta haga campaña en la revocación de mandato.
La reforma incluye también cambios al proceso de revocación, adelantándolo al tercer año de gobierno y permitiendo explícitamente a la titular del Ejecutivo realizar campaña a favor o en contra. Esta modificación se produce en un contexto donde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) tiene 741 investigaciones iniciadas en 2025.
El Plan B debe aprobarse antes de septiembre de 2026 debido a restricciones constitucionales, lo que acelera el calendario legislativo. Monreal mencionó además una reforma judicial complementaria que se presentaría próximamente, aunque no proporcionó detalles específicos.
La iniciativa llega en un momento de tensiones políticas, donde la oposición acusa al oficialismo de buscar controlar las instituciones electorales, mientras que el gobierno argumenta que busca eficiencia y ahorro presupuestal. La posición del Partido del Trabajo (PT) sigue sin definirse públicamente.
