Por Redacción
La República, 17 de marzo de 2026.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral, una iniciativa negociada con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) luego de que estos bloquearan la propuesta original el pasado 11 de marzo. La nueva propuesta, coordinada por la Secretaría de Gobernación a cargo de Rosa Icela Rodríguez, se centra en dos ejes acordados: la reducción de presupuestos para los congresos estatales y ajustes en el número de regidurías en los ayuntamientos, bajo el argumento de aplicar principios de austeridad republicana.
El acuerdo, fraguado en reuniones en la sede de Gobernación, busca destrabar la agenda legislativa del gobierno en materia electoral. La presidenta Sheinbaum ha sostenido que esta nueva iniciativa mantiene la esencia de reducir privilegios, aunque fuentes cercanas al proceso indican que su contenido se limita a los dos puntos en los que hubo consenso con sus socios de coalición, dejando fuera otros componentes más amplios de la reforma original que fueron rechazados.
Uno de los pilares de la propuesta es establecer un tope presupuestal para los congresos locales, limitando su gasto al 0.7% del presupuesto total de cada entidad federativa. Según cifras oficiales, el presupuesto actual de estas legislaturas suma 18 mil 429 millones 929 mil pesos, y se proyecta que la medida genere un ahorro de aproximadamente 4 mil millones de pesos. El líder del PVEM, Manuel Velasco, respaldó públicamente este enfoque de austeridad.
El envío de la iniciativa al Senado marca un cambio de estrategia tras el revés legislativo de la semana pasada. El gobierno busca ahora avanzar con una reforma más acotada que pueda ser aprobada con los votos de Morena, PT y PVEM, evitando un nuevo enfrentamiento con sus aliados. Sin embargo, aún se desconoce el texto completo de la iniciativa y los detalles específicos de las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que plantea.
El contexto político indica que la administración de Sheinbaum prioriza la gobernabilidad y la continuidad de su agenda, optando por una propuesta de consenso mínimo tras el rechazo a su plan inicial. La evolución de este ‘Plan B’ en el Senado, donde Morena y sus aliados también tienen mayoría, será clave para definir el rumbo de las reformas institucionales prometidas durante la campaña.
