Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes un Plan B de reforma electoral que busca recortar el presupuesto de congresos locales y regidores municipales, luego del rechazo la semana pasada de una iniciativa más amplia en la Cámara de Diputados. La propuesta, que será enviada al Congreso este martes, se enfoca en reducir lo que el gobierno considera “privilegios” en legislaturas estatales, con ahorros que según estimaciones preliminares podrían alcanzar los 4,000 millones de pesos.
El anuncio se dio durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde Sheinbaum explicó que esta versión recortada deja de lado temporalmente los cambios al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al financiamiento de partidos políticos federales, que habían generado rechazo incluso entre sus aliados del PT y PVEM.
La iniciativa se presenta como una medida de austeridad que busca reorientar recursos hacia obras públicas. Como ejemplo, se mencionó que el costo por legislador en Baja California asciende a 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.1 millones de pesos. “Estamos hablando de recursos que pueden destinarse a beneficio directo de la población”, señaló la mandataria.
El Plan B surge después del revés legislativo del 11 de marzo, cuando la iniciativa original de reforma electoral fue rechazada en la Cámara de Diputados debido a la oposición mayoritaria del PT y PVEM, socios de Morena en la coalición gobernante. Esta nueva propuesta requiere para su aprobación el aval de al menos 17 congresos locales.
La estrategia de Sheinbaum parece ser abordar primero los aspectos con mayor consenso social, como la reducción de gastos en estructuras legislativas estatales, dejando para después los temas más polémicos relacionados con órganos electorales federales. Sin embargo, la oposición ya ha señalado que cualquier cambio al sistema electoral debe discutirse de manera integral y no por partes.
El envío de la iniciativa al Congreso este martes marcará el inicio de un nuevo pulso legislativo para el gobierno, que busca demostrar capacidad de negociación tras el fracaso del Plan A. La propuesta llegará en un contexto de tensiones dentro de la coalición gobernante y creciente escrutinio sobre el uso de recursos públicos.
