Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Un juez vinculó a proceso a dos expolicías municipales de Tijuana, identificados como Juan ‘N’ y Abel ‘N’, por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura y homicidio calificado en contra de Carlos Dámaso López, quien falleció tras ser detenido violentamente en abril de 2022. Paralelamente, habitantes de la colonia Santa Fe, en la misma ciudad, se manifestaron para exigir la construcción de un hospital, argumentando que la falta de atención médica oportuna causó la muerte de un menor.
Según información del semanario ZETA, los hechos por los que fueron vinculados los expolicías ocurrieron el 27 de abril de 2022, cuando la víctima fue detenida en un establecimiento de Playas de Tijuana. Los agentes, que ya no pertenecen a la corporación, fueron acusados de cometer tortura, lo que derivó en el fallecimiento de López el 18 de mayo de ese año, casi un mes después de la agresión.
En un caso separado pero que refleja otra faceta de la violencia policial, el mismo medio reportó que un expolicía municipal identificado como Billy ‘N’ fue sentenciado a 25 años y tres meses de prisión por el delito de violación impropia agravada con objeto, en un hecho que terminó con la vida de una mujer de 68 años.
Mientras tanto, en la colonia Santa Fe, vecinos salieron a las calles a recolectar firmas para presionar por la construcción de un hospital. Guadalupe, una habitante de la zona, declaró que la comunidad carece de servicios de salud adecuados y que un niño perdió la vida debido a la falta de atención oportuna. Otra vecina, Silvia González, respaldó la demanda, señalando la urgencia de contar con un nosocomio en esa área de Tijuana.
En un contexto más amplio, la diputada federal Evangelina Moreno hizo un llamado para que se asignen recursos a las comisiones legislativas, mencionando que se requieren al menos 300 mil pesos para gastos de representación, aunque esta petición no está directamente ligada a los casos de violencia o la demanda de salud en Tijuana.
Los casos de los expolicías vinculados y sentenciados evidencian problemas de abuso de autoridad y violación a derechos humanos en la fuerza pública de Tijuana, mientras que la movilización en Santa Fe subraya las carencias crónicas en infraestructura de salud que afectan a las comunidades marginadas de la frontera.
